Inmigrantes traídos a EEUU cuando eran niños piden a jueces mantener protecciones contra deportación

Algunos inmigrantes que crecieron en Estados Unidos después de que fueron traídos ilegalmente durante su infancia eran parte de los más de 200 manifestantes que se congregaron el jueves fuera de un tribunal federal en Nueva Orleans, donde tres jueces de una corte de apelaciones escucharon argumentos sobre la política del gobierno del presidente Joe Biden que los protege de la deportación.
En la prolongada batalla jurídica que se libra en el Tribunal Federal de Apelaciones del 5to Circuito está en juego el futuro de unas 535.000 personas que han hecho toda su vida en Estados Unidos a pesar de que no cuentan con la nacionalidad ni la residencia legal y viven con la posibilidad de ser deportadas. Es probable que el caso termine en manos de la Corte Suprema.
“Vivo aquí. Trabajo aquí. Tengo una casa aquí”, dijo María Rocha Carrillo, de 37 años. Viajó desde Nueva York para unirse a la manifestación y estaba en la primera fila de un tribunal repleto de gente al inicio de la audiencia.
Comentó que fue traída a Estados Unidos a los 3 años de edad, cuando su familia migró desde México, donde nació. No pudo obtener un certificado de docencia hasta que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) le permitió hacer una carrera en la educación.
Quienes se oponen al DACA, principalmente Texas y otros ocho estados de gobierno republicano, han dicho en argumentos judiciales y documentos legales que los estados tienen que cubrir cientos de millones de dólares en gastos de atención médica y educación, entre otros aspectos, cuando se permite a los inmigrantes permanecer en el país ilegalmente.
Un elemento clave de los argumentos ante el panel de apelaciones es si el demandante principal, Texas, ha demostrado que tiene bases jurídicas para interponer una demanda y si un juez de primera instancia de Texas tenía la autoridad para dictar una resolución a nivel nacional.
Los partidarios del DACA argumentaron que Texas no ha demostrado que los costos que menciona son atribuibles a la política y, por lo tanto, no ha demostrado que tiene legitimación. Durante su interrogatorio a Joseph Mazzara de la fiscalía general de Texas, el juez Stephen Higginson señaló que 22 estados han dicho que se benefician de las contribuciones de los beneficiarios del DACA, conocidos como “dreamers”.
“¿Cómo es que un sólo juez puede decir a los otros 22 estados que están tan agradecidos con estas personas que en realidad todos ellos tienen que abandonar Estados Unidos?”. preguntó Higginson. “¿Cómo puede un sólo juez tener esa autoridad?”.
Sin embargo, el juez Jerry Smith dijo que dudaba que los argumentos de Texas carezcan de sustento jurídico.
“No entiendo cómo se llega a alguna parte con ese argumento”, dijo Smith a Brian Boynton, quien presentó argumentos a nombre del gobierno federal.
Una sentencia anterior del tribunal del 5to circuito sostuvo que Texas tenía sustentos jurídicos. Boynton señaló que la Corte Suprema ha elevado desde entonces el estándar para que los estados demuestren que cuentan con bases, pero Smith dijo que los precedentes mencionados por Boynton no contienen una redacción clara que obligue al tribunal de apelaciones a desestimar su fallo previo.
No estaba claro cuándo o cómo es que el panel dará a conocer una decisión. El panel está conformado por Smith, quien fue nominado a su cargo por el expresidente Ronald Reagan; Edith Brown Clement, nominada por el expresidente George W. Bush, y Higginson, nominado por el expresidente Barack Obama.
Obama implementó el DACA en 2012 ante lo que calificó como la falta de acciones por parte del Congreso en una iniciativa con el fin de otorgar a los traídos a Estados Unidos cuando eran niños una vía para regularizar su estatus migratorio y una eventual naturalización. A la medida le siguieron años de litigios. Biden renovó el programa con la esperanza de obtener la aprobación de los tribunales.
El juez federal de distrito Andrew Hanen, en Houston, declaró el año pasado que el poder ejecutivo se había extralimitado en sus funciones al crear el programa. Hanen le prohibió al gobierno aceptar nuevas solicitudes, pero durante las apelaciones dejó intacto el programa para los beneficiarios existentes. Boynton pidió a los jueces del tribunal del 5to circuito que mantengan esta política mientras continúan las apelaciones en caso de que emitan un fallo en contra del DACA.
Afuera de la corte el jueves, Wendy Reynoso, de 24 años de edad, dijo que llegó a Estados Unidos junto con su familia desde Guatemala cuando era una niña. Comentó que su solicitud al DACA está en el limbo mientras continúa el litigio, dejándola incapaz de encontrar trabajo como ingeniera mecánica tras haberse graduado de la universidad.
“Me duele porque a pesar de que me gradué con un buen título, no puedo usarlo. Así que estoy atascada”, dijo.
Los defensores de la política argumentan que el Congreso le ha dado al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad para establecer la política de inmigración.
Los otros estados que impugnan el DACA son Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi.
Entre los aliados de esos estados en los documentos judiciales se encuentra el Immigration Reform Law Institute. “El Congreso se ha negado repetidamente a legalizar a los beneficiarios de DACA, y ningún gobierno puede dar ese paso en su lugar”, afirmó el director ejecutivo del grupo, Dale L. Wilcox, en un comunicado difundido este año.